Los ecologistas, que recurrieron el auto que archivaba provisionalmente una querella criminal del Ejecutivo autonómico de Canarias contra varias empresas privadas, estiman que los hechos son constitutivos de un delito de malversación de fondos públicos, considerando, según reza la resolución de la Audiencia, "que un dinero que estaba destinado a una finalidad aprobada por el Gobierno de Canarias y estipulado en contrato, se sustrae para pagar a un tercero un negocio privado anterior".
Ben Magec entiende que 1.960 millones de pesetas fueron estipulados para pago de gastos de estudio e implantación en virtud de contrato suscrito entre las empresas PMMT SA y FCC-NECSO, y que dicho pago se efectuó por PMMT SA NECSO aún a pesar de que tales trabajos no se hubiesen realizado por ésta. El "verdadero destino" de 1.650 millones de pesetas era el pago a Canteras Cabo Verde SA, por un contrato suscrito con FCC-NECSO. La organización recurrente, los ecologistas, considera que un dinero que estaba destinado a una finalidad aprobada por el gobierno de Canarias y estipulada en contrato, se sustrae para pagar a un tercero un negocio privado anterior.
Sin embargo, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de las Palmas no observa delito de malversación de caudales públicos, ateniéndose al artículo 432 del Código Penal. Y apunta: “El hecho de que el Gobierno autónomo participe económicamente en una determinada empresa mercantil no implica que esa empresa sea pública, y que los cargos de gestión y administración de la misma tengan tal condición”, añadiendo igualmente que el capital objeto del referido contrato, aunque estaba avalado por la comunidad autónoma, no era un capital público, sino privado.
El auto judicial señala que los 1.960 millones de pesetas objeto del contrato no son entregados por el gobierno de Canarias, sino que éste avaló hasta un máximo de 3.000 millones de pesetas un crédito otorgado por entidades bancarias a PMMT SA.
