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El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer un proyecto de decreto, que ha remitido al Consejo Consultivo, que tendrá en cuenta favorablemente a las empresas que integren laboralmente a personas con dificultades de insersión laboral a la hora de adjudicar obras o servicios públicos a las empresas que opten a ellos. El objetivo de la iniciativa es fomentar la integración laboral de estos colectivos, en un intento de obligar a las empresas que participen en los concursos públicos convocados por la administración autonómica y sus organismos dependientes a promover la inserción.
Así, en el caso de igualdad entre varias ofertas, tendrán preferencia las empresas de más de 50 empleados, que cuenten en su plantilla con más del 2% de trabajadores minusválidos estipulado por Ley, o que llegue a este portentaje en caso de ser de menor tamaño.

Por otro lado, el Gobierno aprobó un crédito de 2,8 millones de euros para dotar de equipamiento material a los nuevos ciclos formativos que se implantarán en Canarias a partir del próximo curso, así como para reponer el necesario en los ya existentes. Con este dinero, se adquirirán ordenadores, equipos, tubos de ensayo y otros materiales necesarios para las nuevas opciones formativas que, globalmente, abrirán la posibilidad de obtener 109 titulaciones diferentes de Formación Profesional y 21 de Artes Plásticas y Diseño. En total, habrá 33.914 plazas, de las que 17.528 serán de grado medio, 15.908, de grado superior, y 2.478, serán programas de Garantía Social.

Además, el Consejo autorizó varias transferencias de crédito para financiar poryectos de carácter social destinados a atender a personas en exclusión extrema y a enfermos mentales. En el primer apartado, se subvencionan dos programas, uno de Cáritas Diocesana de Tenerife, con 134.317 euros, y otro de la Obra Social de Acogida y Desarrollo, con 107.853. En lo que se refiere a la atención a enfermos mentales, se aprobó la concesión de 234.000 euros al Instituto de Atención Socio Sanitaria de Tenerife (IASS).

El objetivo de estas iniciativas, según la nota de prensa suministrada por Presidencia, es garantizar el mantenimiento de la red pública de atención, sin que influya negativamente el replanteamiento que se prevé este año en el Programa Socio Sanitario de Atención a la Discapacidad en Canarias, que hasta 2005 se ejecutaba en Tenerife base a un convenio con el IASS.